La imagen es difícil de mirar sin tomar partido. Una mujer de 87 años, con serios problemas de movilidad, abandona en camilla la vivienda madrileña en la que ha vivido desde 1956, mientras en la calle se concentran vecinos y activistas y la Policía ejecuta una orden judicial. Setenta años terminan de una manera abrupta, aparatosa, dolorosa. Hay escenas que parecen contener ya su interpretación moral; esta es una de ellas. Apenas necesitamos saber más para sentir que algo terrible ha ocurrido. El problema es que de ahí a concluir que también ha ocurrido una injusticia hay un trecho que la emoción tiende a borrar.
No hay por qué desconfiar de esa primera conmoción. Sería inquietante que una escena así no nos afectara. La compasión es una forma elemental de reconocimiento: nos recuerda que la persona que tenemos delante puede sufrir, perder, envejecer, quedarse sin fuerzas; también que la fragilidad no es una rareza que les ocurre a otros, sino una condición que compartimos. De ahí que buena parte de las protestas por Maricarmen hayan apelado a una identificación inmediata: hoy es ella, mañana podríamos ser cualquiera. Todos somos, de algún modo, Maricarmen.
Si vivir durante cinco, veinte o setenta años en una vivienda fuera generando progresivamente algún derecho moral sobre ella, el propio concepto de arrendamiento acabaría perdiendo su sentido
O quizá no todos seamos Maricarmen. Al menos, no en el sentido que esa consigna parece sugerir. Porque que algo nos conmueva no significa que sepamos todavía si ha ocurrido una injusticia. La compasión no establece derechos, no dirime conflictos ni convierte en ilegítimo todo aquello que nos duele contemplar.
Maricarmen llevaba allí desde que era adolescente, pero nunca fue propietaria de aquella vivienda. El contrato, de renta antigua, procedía de sus padres; primero continuó su madre y, tras su muerte en 2005, se subrogó ella. Años después comenzó una batalla judicial alrededor de una cuestión que puede parecer menor, aunque cambia por completo el relato: si aquella segunda subrogación le permitía permanecer allí durante el resto de su vida. Un juzgado entendió inicialmente que sí; la Audiencia Provincial revocó después aquella decisión y declaró extinguido el contrato, y el Tribunal Supremo inadmitió el recurso posterior, dejando firme la sentencia.
La ley contemplaba una excepción que habría permitido prolongar aquella situación: que el hijo subrogado tuviera reconocido determinado grado de discapacidad. El umbral era del 65 por ciento; Maricarmen tenía reconocido un 50. No hace falta entrar mucho más en el laberinto jurídico. Basta con comprender algo esencial: hubo una controversia real, pero terminó resolviéndose, y cuando se ejecutó el desahucio ya no existía un derecho reconocido a permanecer indefinidamente en aquella vivienda.
Durante años pudo defender otra interpretación —hasta el punto de que un juez llegó a aceptarla—, pero una vez dirimida la cuestión, resistirse a las consecuencias no crea un derecho nuevo. Tampoco el tiempo transcurrido lo hace. Setenta años viviendo en el mismo lugar pueden explicar un arraigo extraordinario; no transforman al inquilino en propietario.
Porque «su casa» era, indudablemente, su casa en un sentido biográfico, pero no en otro. Era el lugar donde había vivido, no era una propiedad que le perteneciera. Nuestro lenguaje confunde fácilmente ambas cosas porque llamamos casa tanto al inmueble que poseemos como al lugar que habitamos. La diferencia parece una minucia hasta que dos derechos entran en colisión.
Algo puede ser nuestro hogar sin ser nuestro patrimonio. Precisamente por eso existe el alquiler: permite habitar legítimamente aquello que pertenece a otro sin que el paso del tiempo altere por sí mismo la titularidad. Si vivir durante cinco, veinte o setenta años en una vivienda fuera generando progresivamente algún derecho moral sobre ella, el propio concepto de arrendamiento acabaría perdiendo su sentido.
Aquí aparece una distinción que tendemos a soportar mal: no toda desgracia es una injusticia. La frase puede sonar áspera ante una mujer de 87 años que sale en camilla. Sin embargo, renunciar a ella nos obliga a encontrar un culpable cada vez que la vida produce una pérdida que consideramos insoportable. Hay enfermedades que no son injusticias; separaciones que no son injusticias; proyectos que fracasan sin que nadie haya vulnerado nuestros derechos. La vida contiene dolor, límites, frustraciones y finales que no hemos elegido. El sufrimiento merece atención; no concede automáticamente razón.
Sería igualmente pobre identificar justicia y legalidad. Una ley puede ser injusta y la historia proporciona demasiados ejemplos como para olvidarlo. Pero tampoco podemos organizar una sociedad en la que las normas comunes dejen de obligarnos cada vez que su aplicación produzca un resultado que emocionalmente nos disgusta. Entre el legalismo ciego y la excepción sentimental tiene que existir un espacio para el juicio.
El caso de Maricarmen resulta especialmente interesante porque muestra hasta qué punto la vulnerabilidad puede convertirse en una categoría que clausura ese juicio. Una vez asignados los papeles de víctima y victimario, preguntar de quién es la vivienda, qué establecía el contrato, qué resolvieron los tribunales o dónde termina el derecho de una parte empieza a parecer una falta de humanidad. El matiz se vuelve sospechoso. El «sí, pero» casi una indecencia.
La víctima se ha convertido en una figura particularmente poderosa de nuestro imaginario moral. A veces con toda justicia: existen personas dañadas, abusadas, abandonadas, sometidas a situaciones contra las que necesitan protección. El problema comienza cuando la condición de vulnerable funciona como una especie de salvoconducto argumental que desplaza cualquier otra consideración. Entonces dejamos de preguntarnos qué ha ocurrido para preguntar únicamente quién sufre más. Y ambas preguntas no son equivalentes.
En este caso ayuda además que al otro lado haya una empresa inmobiliaria. El reparto narrativo parece completo: una anciana de 87 años frente a una sociedad propietaria. Si el dueño fuera un jubilado que necesitara recuperar aquella vivienda para sí mismo o para uno de sus hijos, quizá la colisión resultaría más visible. Pero la propiedad no depende de las cualidades personales de su titular. Un derecho no desaparece porque quien lo ejerce nos resulte antipático, poderoso o ajeno; del mismo modo que no nace otro porque quien lo reclama nos inspire ternura.
En las semanas y meses anteriores al desalojo hubo distintas tentativas para evitar ese desenlace. El Ministerio trató de intervenir y llegó a explorar la compra de la vivienda; a última hora, una donante se ofreció incluso a asumir la diferencia entre la renta que pagaba Maricarmen y la que reclamaba la propiedad. Ninguna de esas vías prosperó. Pero conviene no extraer de ello una conclusión que no conocemos: que la empresa estuviera obligada a aceptar alguna de esas propuestas o que rechazarlas la convierta necesariamente en una parte moralmente desalmada. Podemos desear más flexibilidad o generosidad en determinadas circunstancias sin transformar ese deseo en una obligación que solo reconocemos después de haber decidido quién merece nuestra simpatía. Porque tener un derecho no garantiza que cada manera de ejercerlo sea admirable; pero tampoco necesitamos demostrar la virtud de quien lo posee para admitir su existencia.
Y aquí entra un tercer actor que el relato entre la anciana y la inmobiliaria deja fácilmente fuera: la comunidad política. Si una sociedad considera que una persona de 87 años, con discapacidad y dificultades evidentes para reorganizar su vida, necesita una protección particular, la pregunta razonable es cómo proporcionársela. No por qué un propietario concreto debe asumir indefinidamente el coste de esa protección.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas pidió a España que suspendiera temporalmente el lanzamiento o que ofreciera a Maricarmen otra vivienda adecuada mientras estudiaba su caso. La petición resulta significativa precisamente porque se dirigía al Estado. El deber de proteger a quien se encuentra en una situación de vulnerabilidad pertenece, en primer término, a la comunidad política que decide reconocer esa obligación.
Además, conviene distinguir entre que ninguna solución nos parezca ideal y que no existiera ninguna. El Ayuntamiento ofreció una plaza de emergencia gratuita en una residencia, opción que Maricarmen rechazó; después del desalojo, un primo se dispuso a acogerla en su vivienda. Puede discutirse si una residencia era la solución apropiada, si aquella casa familiar reunía las condiciones necesarias o si las administraciones debieron hacer mucho más y mucho antes. Lo que no parece exacto es presentar el conflicto como una elección entre permanecer en aquel piso o quedar inevitablemente en la calle. Años antes se le había ofrecido también la posibilidad de comprar la vivienda por 247.000 euros, cantidad que dijo no poder afrontar. Eso explica que no pudiera adquirirla; no convierte la imposibilidad económica en un derecho sobre ella.
El derecho a una vivienda no equivale al derecho a esa vivienda.
La diferencia sostiene buena parte del edificio moral. Una sociedad puede comprometerse a que nadie quede abandonado en la vejez, ofrecer alojamiento, ayudas, mediación, vivienda pública o protección reforzada ante determinadas circunstancias. Pero de ahí no se sigue que una persona adquiera un derecho indefinido sobre el inmueble concreto de un tercero. Cuando confundimos ambos planos, nuestra solidaridad adquiere una forma demasiado cómoda: se proclama como colectivo un derecho cuya factura se exige que pague alguien en particular.
Quizá el problema vaya incluso más allá de la vivienda. Hemos aprendido a mirar la realidad a través de categorías —vulnerable, víctima, privilegiado, poderoso— que contienen a menudo una parte de verdad y, precisamente por eso, pueden resultar tan seductoras. Nos ahorran el esfuerzo de discernir. Una vez identificado quién merece nuestra compasión, pareciera que solo quedara alinearse.
Pero una sociedad no puede sostenerse únicamente sobre emociones compartidas, por nobles que sean. Necesita algo anterior: ciertos acuerdos acerca de qué significa respetar al otro, qué límites aceptamos para nosotros mismos, qué valor concedemos a la palabra dada, a la propiedad, a la responsabilidad, al esfuerzo, a la libertad ajena. Esos valores solo pueden llamarse comunes si aceptamos que también nos obliguen cuando chocan con nuestros deseos o cuando el caso concreto nos conmueve hasta hacernos desear una excepción. De otro modo, no son límites compartidos, sino principios que mantenemos mientras no nos incomodan.
No se trata de insensibilizarnos ante Maricarmen. Se trata de negarnos a que su vulnerabilidad responda por nosotros todas las preguntas. La imagen duele y, precisamente, por eso nos exige más pensamiento, no menos. La empatía nos permite reconocer el sufrimiento del otro; no nos dice quién tiene razón, qué derecho debe prevalecer ni quién está obligado a pagar el precio de remediarlo. Pensar no consiste en enfriar el corazón, sino en impedir que el corazón dicte por sí solo la sentencia.
Todos podemos ser Maricarmen porque todos somos frágiles, porque cualquiera puede descubrir un día que aquello que creía estable deja de serlo, porque todos necesitamos alguna vez que otros nos sostengan. No todos somos Maricarmen si con esa frase queremos decir que la vulnerabilidad nos concede un derecho ilimitado sobre aquello que no nos pertenece. Entre una afirmación y la otra hay algo más que una discusión inmobiliaria: está la posibilidad de seguir viviendo juntos sin convertir la compasión en arbitrariedad ni el derecho en indiferencia.
Tal vez una sociedad decente empiece justamente ahí: en saber decir a quien sufre «no te dejaremos solo» sin tener que decir por ello a un tercero «lo tuyo ha dejado de ser tuyo».
Foto: Jose Antonio Gallego Vázquez.
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