Durante los días 30 y 31 de julio, Ceuta vio entrar en pocas horas a una multitud difícil de imaginar. El Ministerio del Interior calculó unas 49.000 personas. El presidente de la ciudad elevó esa estimación hasta las 60.000. Ceuta tiene 84.000 habitantes. Son cifras todavía provisionales, pero bastan para comprender la dimensión de lo sucedido: durante unas horas, una población equivalente a más de la mitad de los residentes de la ciudad atravesó una frontera que había dejado de existir.
La palabra «invasión» es políticamente incorrecta porque parece convertir a cada inmigrante en un enemigo. No es necesario hacerlo. Entre quienes llegaron había sobre todo jóvenes animados por rumores. Cada una tendría su propia historia. Pero cuando decenas de miles de personas violentan simultáneamente una frontera, estamos ante una invasión, aunque quienes la protagonizan no sean soldados. De hecho, la cuestión más terrible es precisamente esa: no eran soldados. Eran seres humanos utilizados como carne de cañón.
La frontera no es una línea punteada que delimita donde termina nuestra compasión. Es el perímetro dentro del cual hay una autoridad que responde, unas leyes que deben cumplirse y unos derechos defendidos
La primera obligación moral es rescatar al que se ahoga. La segunda, preguntarse quién lo empujó hacia el mar. Y la tercera, impedir que vuelva a suceder. La compasión que se recrea en la imagen del cadáver tendido en la playa es una compasión cínica. Hay que mirar también hacia el lugar del que vino, hacia las autoridades que debían haberlo evitado en origen y hacia el régimen que, como mínimo, consintió durante horas que sus propios nacionales arriesgaran la vida para crear una crisis dentro de territorio español.
El juego de Marruecos y la incompetencia de gobierno español
Algunos analistas sostienen que la avalancha sorprendió también a Rabat, que coincidió con la Fiesta del Trono y que incluso podría haber desestabilizado al régimen. La hipótesis no es del todo descartable porque no disponemos, al menos por ahora, de una prueba concluyente que permita afirmar que Mohamed VI o su Gobierno están detrás de la invasión. Pero la política internacional no se rige con los criterios probatorios de un tribual de justicia. Valora los antecedentes, las capacidades demostradas, las conductas previas y las contradicciones. Y lo cierto es que existe un antecedente que abre un enorme boquete en la versión de la inocencia marroquí.
En septiembre de 2024 se produjo una convocatoria masiva a través de las redes sociales para asaltar la frontera Ceuta. La mecánica fue la misma. Una multitud organizada mediantes consignas se dirigió hacia Castillejos. En esa ocasión, Marruecos reaccionó de una manera muy distinta: infiltró las redes sociales, realizó redadas, controló trenes, autobuses y camiones, reforzó a sus fuerzas de seguridad y detuvo a 152 personas acusadas de promover el asalto. La policía bloqueo el acceso a la frontera y el intento fracasó.
Este antecedente demuestra que Marruecos sabe muy bien qué hacer para evitar una acción de estas características… cuando quiere hacerlo. Sabe detectar la movilización, controlar los accesos, dispersar las multitudes e impedir la aproximación a Ceuta. Lo hizo en 2024. En julio de 2026, en cambio, decenas de miles de personas llegaron hasta la costa y atravesaron la frontera, mientras las fuerzas marroquíes permanecían pasivas y solo empezaron a actuar cuando 50.000 individuos ya habían entrado en la ciudad.
Esto no prueba por sí solo que el asalto estuviera dirigido desde el palacio real. Pero sí obliga a elegir entre dos únicas posibilidades. O las autoridades marroquíes se desentendieron deliberadamente del control de la frontera, o perdieron de forma catastrófica el dominio de una zona que anteriormente habían demostrado controlar. En el primer caso estaríamos ante una acción hostil. En el segundo, ante una incompetencia gravísima con consecuencias letales para sus propios ciudadanos.
Hay además un precedente anterior a 2024. En mayo de 2021, más de 8.000 personas entraron en Ceuta después de que Marruecos renunciara a controlar la frontera en plena crisis diplomática con España por la acogida de Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario. Aquel episodio fue interpretado, no solo en España, sino en la Unión Europea, como una represalia de Rabat. Con estos antecedentes, analizar lo sucedido en Ceuta como si Marruecos no utilizara la presión migratoria como arma sería de una ingenuidad extraordinaria.
Es la propia Comisión Europea, y no la extrema derecha española, la que ha definido esa práctica como una forma de guerra híbrida especialmente cruel. Y cruel es la palabra exacta. Porque esta clase de guerra híbrida no convierte mágicamente a los inmigrantes en combatientes. Los convierte en víctimas, y por partida doble: primero por cronificar las pésimas condiciones de vida que los empujan a huir y después por utilizarlos como carne de cañón. Quien por activa o por pasiva anima a sus propios jóvenes arrojarse a una corriente marina peligrosa para presionar a otro país no está defendiendo a su pueblo. Está convirtiendo a sus propios ciudadanos en munición desechable. Los dispara contra la frontera y se desentiende de ellos cuando se ahogan.
Nada hay menos humanitario que eso. Pero tampoco es humanitario el silencio de quienes se apresuran a condenar al guardia civil que protege la frontera a pie de playa, pero ignoran al régimen que, cuando menos, consintió que miles de jóvenes se lanzaran al mar. La humanidad no consiste en reservar toda nuestra indignación para las democracias. Marruecos es el primer responsable de la suerte de su gente y de lo que sucede en su territorio. Un Gobierno que posee medios para bloquear una avalancha humana y decide no utilizarlos no puede presentarse después como un mero espectador y mucho menos como un espectador sorprendido.
La responsabilidad marroquí, sin embargo, no disculpa al Gobierno español. La obligación de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska era prever la amenaza, disponer de información, proteger Ceuta y asegurar que la frontera pudiera resistir incluso si Rabat dejaba de colaborar. Sin embargo, no vieron venir la avalancha aun cuando había señales de un inusual aumento de las llegadas en días previos e informes de la Guardia Civil que alertaban de ello, además del precedente de septiembre de 2024. Cinco años después de la crisis de 2021 el plan integral de seguridad prometido para Ceuta y Melilla sigue guardado en un cajón.
Pedro Sánchez ha descargado la culpa en las mafias, los rumores en las redes sociales, una interpretación falsa de una sentencia del Tribunal Supremo. Todo eso pudo contribuir. Pero Instagram no controla las carreteras marroquíes. Una mafia no decide cuántos policías despliega Rabat. Un rumor puede convocar a una multitud, pero no explica por qué más de 50.000 individuos cruzaron sin oposición alguna una frontera estrechamente vigilada.
¿Para qué sirven las fronteras?
La experiencia de Ceuta nos plantea una pregunta profunda: ¿para qué sirven las fronteras? Durante demasiado tiempo se ha difundido la idea de que son una reliquia, una cicatriz del pasado y un impedimento para la fraternidad. «Somos ciudadanos del mundo», se dice. La frase es bonita, pero describe una aspiración moral, no una realidad política. El mundo no tiene un Gobierno común, una policía común, unos tribunales de justicia universales ni nada parecido a un sistema global capaz de proteger los derechos de cualquier persona en cualquier parte.
La ONU puede proclamar derechos. Los tribunales internacionales pueden establecer principios. Pero cuando un ladrón entra en nuestra casa, cuando alguien comete un abuso o cuando un criminal amenaza nuestra vida, no llamamos a la humanidad. Llamamos al 091. Acudimos a un juez local. Invocamos leyes nacionales. Los derechos humanos son universales en su fundamento, pero su salvaguarda sigue siendo territorial.
Hannah Arendt definió la pertenencia a una comunidad política como «el derecho a tener derechos». No estaba negando la dignidad universal del ser humano. Era realista: una persona puede tener en teoría todos los derechos imaginables y, sin embargo, estar completamente desprotegida si no existe una comunidad capaz de garantizarlos.
La frontera no es una línea punteada que delimita donde termina nuestra compasión. Es el perímetro dentro del cual hay una autoridad que responde, unas leyes que deben cumplirse y unos derechos defendidos. A ambos lados de esa línea hay seres humanos, en esencia, con la misma dignidad, pero no la misma jurisdicción, ni la misma seguridad, ni el mismo sistema de derechos y deberes y, a menudo, ni los mismos principios. Negar esa distinción no hace desaparecer las diferencias. Solo vuelve más difícil garantizar las salvaguardas que proporciona el modelo de nación occidental.
Una frontera tampoco es un muro impenetrable. Es una puerta protegida con normas. Permite entrar, salir, comerciar, trabajar, estudiar, pedir asilo o integrarse en una sociedad. Pero esa puerta solo funciona si alguien conserva la facultad de abrirla y cerrarla. De lo contrario, deja de existir. Y una casa sin puerta no es más humanitaria. Simplemente es una casa que ha dejado de pertenecer a quienes viven en ella.
Igual que ha sucedido con las fronteras, la condición de ciudadano ha sido devaluada. Se nos presenta como algo meramente administrativo, una circunstancia accidental o incluso un privilegio inmoral. Pero la ciudadanía no consiste solamente en consumir derechos. Implica también ser responsable del orden que los hace posibles, contribuir a mantenerlo, aceptar sus leyes, asumir obligaciones y reconocerse vinculado a los demás.
Toda persona merece respeto por el hecho de ser persona. Pero no toda persona pertenece automáticamente a cualquier comunidad por ser ciudadano del mundo. La dignidad humana es universal; la ciudadanía es una relación particular. Puede adquirirse. Puede compartirse. No depende necesariamente de la sangre ni del lugar de nacimiento. Pero exige aprendizaje, voluntad, integración y compromiso.
Simone Weil escribió que «echar raíces es quizá la necesidad más importante y menos reconocida del alma humana». Nadie echa raíces en el planeta entero. Las raíces necesitan tierra, lengua, historia, costumbres y afectos. No nos impiden mirar hacia fuera ni ayudar al forastero. Muy al contrario: nos proporcionan el hogar desde el que podemos hacerlo. Porque solo quien tiene un hogar puede abrir sus puertas. Cuando desaparecen sus límites, la hospitalidad deja de ser una virtud y se convierte en intemperie.
Ceuta nos mostró en tiempo real lo que ocurre cuando una frontera se evapora. Y lo que apareció a ante nuestros ojos no fue la fraternidad universal, sino el miedo, la confusión, el colapso y el caos.
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