La protección de la salud se ha convertido en uno de los cajones de sastre con el que los Estados modernos son capaces de justificar prácticamente cualquier intervención. Desde hace algo menos de un siglo, la guerra contra las drogas tal vez sea su mayor punta de lanza. El Estado, imbuido de una guardia moral, debe determinar cuáles son las sustancias con las que es ilícito comerciar. Sobre la base de una quimérica y abstracta “salud pública”, ciertos comportamientos han comenzado a ser punibles. Como vemos, en un primer momento se ha prohibido la realización de ciertas conductas. Obviamente, esto supone un coste para la sociedad. En primer lugar, las innumerables secciones policiales dedicadas a la lucha contra el tráfico de drogas bien podrían renombrarse como “policías de la moral”.
No, las fuerzas de seguridad no deben crearse para perseguir los vicios, como ya nos previno Lysander Spooner. De hecho, un tercio de la población reclusa actual está cumpliendo penas por trasladar ciertas sustancias que el Estado considera indeseables del punto A al B1. Milton Friedman decía que, en los años ochenta, diez mil homicidios al año en Estados Unidos tenían que ver con el tráfico de drogas, una cifra evitable si el narcotráfico pasara a ser legal. Además, esta actividad se ha convertido en fuente de financiación de grupos terroristas precisamente por los crecientes beneficios como consecuencia del aumento de las prohibiciones.
Con la excusa del cuidado de una salud pública, los gobiernos se han lanzado a aumentar los impuestos sobre el azúcar, la grasa o lo que consideren nocivo para la salud
El siguiente paso en el tratamiento de los ciudadanos como seres incapaces es el favorito de los Estados del Bienestar actuales: el aumento de la tributación sobre ciertos productos. De nuevo, con la misma excusa del cuidado de una salud pública, los gobiernos se han lanzado a aumentar los impuestos sobre el azúcar, la grasa o lo que consideren nocivo para la salud. Ya existe algo parecido con uno de los Impuestos Especiales, concretamente el de hidrocarburos, en teoría creado para financiar las carreteras por parte de los conductores, aunque únicamente un tercio de su recaudación se dedique a tal fin.
Pero ya hemos ido un paso más lejos. Ahora tenemos que portar ciertos objetos, como las mascarillas, o cambiar nuestros hábitos sociales con la excusa de la COVID-19. Tenemos que hacer deporte con mascarilla en el gimnasio, llevarla para no contagiar a nuestros compañeros de trabajo (aunque nos hayamos inyectado todas las veces que las autoridades sanitarias nos han permitido) o pensar en los más vulnerables. Da la sensación de que, hasta 2019, los virus respiratorios no existían. De hecho, nos pidieron un pasaporte COVID para poder acceder a ciertos locales la Navidad pasada. Convirtieron a los hosteleros en comisarios de nuestra salud, siempre por nuestro bien.
Ahora bien, como todo sistema impuesto desde arriba, cuenta con sus contradicciones. ¿Por qué el suministro de ciertas sustancias nocivas está penado hasta con la cárcel, mientras que otros son controlados directamente por el Estado? De hecho, hasta que se privatizó Tabacalera a finales de los años 90, el Estado controlaba directamente la producción de tabaco. Hoy únicamente controla, a través de lucrativas licencias oligopolistas, la distribución del producto. Por otro, el alcohol arruina la vida de muchas personas, pero se puede encontrar por doquier sin ningún esfuerzo, inclusive en situaciones en las que, en teoría, no podría suministrase, como la minoría de edad. Sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para los contagiados por COVID con una letalidad tan alta como la edad. Siguiendo este hecho científico, lo razonable sería prohibir la entrada o la socialización de las personas especialmente vulnerables por esta situación. Así, siguiendo la lógica estatal, los obesos o los mayores de sesenta años no deberían tener acceso a restaurantes, bares, cines o teatros debido a la posibilidad de contagio y de aumento del coste para el sistema sanitario.
Como acabamos de mencionar, la causa de tanta intervención suele situarse sobre el coste que dichas irresponsables acciones de algunos tiene sobre el sistema sanitario. Con un sistema de salud estatalizado, prácticamente todas las acciones realizadas por todos tienen algún coste o beneficio sobre el conjunto de la población. Si yo soy una persona deportista, que no bebe, que no fuma, que no toma drogas y que sale a correr o en bicicleta tres veces por semana, lo normal es que tenga algún descuento en mi declaración de la renta. Obviamente, esto no va a suceder porque el sistema estatal, la democratización de la sanidad, supone que los costes son impuestos al conjunto de la sociedad, no de forma individualizada. Podríamos transitar hacia un sistema en el que los derechos de propiedad estén mejor definidos, precisamente con el fin de que los ciudadanos sean los primeros en cuidar su salud, asumiendo las consecuencias de sus actos. Una deducción fiscal a los seguros privados de salud o el copago sanitario por la utilización abusiva e injustificada de los servicios sanitarios estatales podría ser un buen comienzo.
1 Casi 10.000 condenas en España por tráfico de drogas en 2020, el año que menos (aunque ya se intuye por qué). Fuente: https://www.ine.es/prensa/ec_am_2020.pdf
Artículos anteriores de la serie: Anomalías democráticas (I), Anomalías democráticas (II).
*** Cristóbal Matarán, economista y profesor universitario.
Foto: National Cancer Institute.
