Los partidos políticos, una herida infectada

Para cualquiera que vea el asunto con un mínimo de objetividad no será difícil llegar a la conclusión de que el funcionamiento de los partidos políticos españoles supone una de las mayores deficiencias de nuestra democracia. Así lo recordaba Elisa de la Nuez en un análisis breve y muy ponderado que identifica a los partidos como la causa principal del deficiente funcionamiento de nuestras instituciones.

Cuando se habla de reformar los partidos, se comete, sin embargo, un equívoco singular, a saber, los partidos no pueden ser reformados porque son instituciones, y esta es una de las dificultades del problema, que, en amplísima medida, existen como existen y son lo que son al margen de la ley. Se les puede pedir más transparencia, más democracia interna, más contrapesos efectivos, más participación, mayores garantías de respeto a los derechos ciudadanos, claridad en la rendición de cuentas, etc., y eso está muy bien, pero el problema es que no hay ninguna ley ni regla conforme a la cual determinar hasta qué punto esas cualidades son inexistentes, escasas o meramente caricaturescas; así de sencillo, y eso ocurre porque el interior de los partidos es un territorio salvaje en el que no hay otra autoridad reconocible que la del que manda, en el que no hay posibilidad alguna de recurrir efectivamente a la tutela de jueces independientes y en el que, en el fondo, no se puede decir que no se ha respetado la ley porque esa ley no es otra que la del legendario oeste, la del más fuerte.

El interior de los partidos es un territorio salvaje en el que no hay otra autoridad reconocible que la del que manda

Visto de esta forma, los partidos españoles suponen en la actualidad un freno efectivo a las garantías jurídicas de los derechos políticos ciudadanos y una barrera casi infranqueable a la separación de poderes: los partidos son, en su interior, juez y parte ante cualquier conflicto imaginable y, en consecuencia, en ellos se desarrolla una dinámica en el que la democracia es sencillamente una quimera, un trampantojo para ocultar la dictadura efectiva del Rajoy de turno. Es cierto que los ciudadanos les dotan de legitimidad en las elecciones, pero esa legitimidad solo sirve para fortalecer su despotismo interno, para fomentar hasta la náusea el desdén ciudadano por la política, para que nada mejore sino es a un precio altísimo en esfuerzos y en tiempo.

Esta situación, importa señalarlo, no ha sido fruto del diseño, sino del éxito progresivo de malas prácticas y de una tendencia irrefrenable a continuar la cultura política autoritaria que está desgraciadamente vigente en estos lares. Si quieren ver lo que es un caudillo, no miren a Franco, que lleva muerto más de cuarenta años, fíjense, por ejemplo, en Puigdemont, en cómo un personaje de quinta fila acaba detentando los intereses de todo un país (bueno de una parte sustantiva) sin que la sociedad sepa deshacerse de esa tutela ridícula, empobrecedora y autoritaria (fascista, para ser claros), porque el funcionamiento efectivo de los partidos españoles ha conducido a esta caricatura obscena. Y no solo pasa en esa región española, vean a Rajoy vendiendo al PNV cualquier clase de principios políticos, o deshaciéndose de personajes con errores y faltas muy inferiores a los suyos, pero pueden fijarse también en Iglesias, desterrando al averno a las Bescansas y las Tanias o “poniendo en su sitio” a los Errejones.  Hay dónde escoger.

El nudo que hay que deshacer en esta cuestión no es fácil, se trata de que la ley general esté vigente en el interior de los partidos, que no se puedan amañar las elecciones internas, cosa habitual, que los órganos de debate no sean órganos de aplauso (asunto en el que el PP ha batido cualquiera de los récords concebibles), que la designación de candidatos no dependa de la más absoluta arbitrariedad, que los grupos parlamentarios no sean esclavos del aparato y que los diputados, concejales y parlamentarios dejen de atenerse exclusivamente a las órdenes del que manda. Naturalmente que esto planteará dificultades al funcionamiento y a la coherencia de los partidos, pero eso es lo que sucede en las democracias que funcionan efectivamente. Lo que nos ha pasado aquí es que acogimos sin precauciones la insuficiente explicación histórica del “fracaso” de la UCD como una consecuencia de su indisciplina (Suárez no controlaba férreamente, ni podía hacerlo, a su grupo parlamentario, por ejemplo) y eso favoreció el predominio de las formas autoritarias en el gobierno de los partidos a partir de ese momento.

Al estar al margen de cualquier control legal y ciudadano, pueden dedicarse a fomentar la obediencia, el servilismo, el aumento del gasto público para hacer más fácil la corrupción

Es significativo que los grandes partidos hayan querido someter a control a la judicatura, precisamente porque una judicatura absolutamente independiente del legislativo y del ejecutivo debiera ser el órgano capaz de tutelar los derechos políticos de los afiliados para que los partidos se conviertan efectivamente en algo que ahora no son de ninguna manera, cauce de representación y de debate político de la sociedad española. Al estar al margen de cualquier control legal y ciudadano, pueden dedicarse a fomentar la obediencia, el servilismo, el aumento del gasto público para hacer más fácil la corrupción, y convertirse en órganos perfectamente capaces de olvidarse de los intereses, de los mandatos y de las convicciones de sus votantes. Haciendo lo que hacen, van a menos, eso es evidente, pero conservan la sartén por el mango.

Se trata de pedir lo que es casi un milagro, aunque, como ha recordado Elisa de la Nuez, recientemente el Congreso ha aprobado un informe que viene a recoger muy mejoradas y mucho más desarrolladas la mayoría de las propuestas sobre democracia interna y rendición de cuentas del Manifiesto de los 100, que muchos firmamos hace ya cinco años. En este documento del Congreso, y por primera vez, los propios representantes de los partidos políticos reconocen las carencias de nuestro “modelo” y que se necesitan reformas de fondo para garantizar la calidad de nuestra democracia y de nuestras instituciones.

Hacer una ley de partidos que asegure unas garantías mínimas de respeto a los principios constitucionales en el funcionamiento interno, ahora mismo inexistentes, es una necesidad, pero seguirá constituyendo un imposible mientras el PP esté en el Gobierno, pues es el PP el partido que ha llevado más lejos todo el engranaje de recursos necesarios para que la libertad política en el seno de los partidos sea un absurdo y un imposible. Pero podemos presionar al resto de las fuerzas políticas para que se ocupen de hacer verosímil un propósito tan necesario como urgente haciendo conscientes a los ciudadanos de que la democracia solo podrá subsistir y mejorar si se garantizan adecuadamente esas condiciones de libertad, igualdad y limpieza en el funcionamiento de los partidos y las instituciones.

En España  hemos permitido que los partidos sean agujeros negros, zonas en las que no imperan ni la ley ni los principios

En España  hemos permitido que los partidos sean agujeros negros, zonas en las que no imperan ni la ley ni los principios. Mientras todo esto no cambie, seguiremos viendo CV falseados, videos comprometidos, juicios sumarísimos a los que se atrevan a discrepar de la línea oficial, contabilidades delirantes, comportamientos mafiosos, ley del silencio, ocupación de las instituciones y corrupción, porque el poder sin límites nunca ha hecho nada distinto y, ahora mismo, quienes se hacen, por los medios que fuere, con el control de los partidos tienen a su disposición un poder casi ilimitado (especialmente en la medida en que los electores se comporten como cautivos de las siglas respectivas) que no cesan de intentar engrandecer compinchándose con medios de comunicación, que hacen mangas y capirotes de sus obligaciones con los ciudadanos, y en lugar de informar sirven las “verdades” que convienen a sus amigos.

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