Recuerdo haber advertido de ello en el diario Vozpopuli, pero como el periódico ha eliminado una parte de sus artículos, incluyendo los míos, no se lo puedo (de)mostrar. Era en 2017, antes de la encuesta del 1 de octubre. Esto que está pasando, decía, es una revolución.

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En otro artículo, que se titulaba “La hora de la violencia”, también perdido en una base de datos de aquél periódico, decía que no hay revolución sin el doloroso ejercicio de la fuerza. No podemos saber cuándo llegará, ni en qué modo, pero lo hará. Eso decía.

Se utilizan las instituciones en contra de la ley para operar un cambio en el que los españoles no tenemos nada que decir

En la tarde del día de la Almudena, en un Madrid tranquilo, que pace en las calles tibiamente calentado por un sol de otoño, dos motoristas se han detenido frente al portal de Alejo Vidal-Quadras. Uno manejaba la moto, y otro una pistola que ha disparado contra la cabeza del expolítico.

Que es un atentado terrorista no cabe duda. Lo que no conocemos es la autoría. Podría estar instigado por Irán. Alejo ha trabajado con el exilio de Irán durante su época de europarlamentario. Pero también puede ser que algún grupo nacionalista catalán ha decidido tomarse un adelanto de lo que será la nueva Cataluña. Una Cataluña en la que Alejo Vidal-Quadras no tiene cabida. Que esto último sea plausible, da una idea del punto en el que estamos.

Isabel Díaz Ayuso, rara avis en el gran partido socialdemócrata español, había declarado antes del atentado que Pedro Sánchez había conducido a España a una dictadura. Quien no quiera creerlo, dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, es porque está aferrado a una realidad que continúa por mera inercia, sin impulso alguno que la sostenga. Y que será sustituida por las imposiciones de la nueva España progresista.

Es muy fácil desmentir a Ayuso. La dictadura no se ve por ningún lado. Y, en cualquier caso, no vamos hacia una autocracia sin elecciones, que es lo que todo el mundo entiende por dictadura. Vamos hacia la imposición de un gobierno revolucionario, que mantiene el cascarón democrático, y que convocará elecciones según una cadencia pautada, pero bajo el cual la oposición no tendrá opción alguna de alcanzar el poder. Pablo Iglesias tiene que estar rabiando en la casa de su novia por no ser él quien lidere la destrucción de la Constitución Española, de la democracia, y en última instancia de la misma España, que es el fondo de todo esto.

El documento del acuerdo entre el PSOE y Junts aclara cuál es el futuro inmediato de España. En primer lugar, asume todo el ideario nacionalista, con su relato victimista y torticero. Mienten, cuando dicen que hubo “una participación masiva en favor de la independencia” en las dos encuestas, la de 2014 y la de 2017. Pero, ¿qué sería de los nacionalismos españoles sin la mentira?

El acuerdo incluye “la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya”, según dice el texto en referencia a Cataluña. Sería una desgracia que se aprobara esa cesión sin que alcanzase a cada una de las Comunidades Autónomas. Quitarle poder al Estado central y cedérselo a las regiones mejoraría mucho la situación. Aunque este no es el momento de tratarlo.

Lo más relevante es la concesión, a todas luces ilegal, de una amnistía. Es ilegal por motivos incontestables. El primero de ellos es que, aunque no lo condena expresamente, atenta contra nuestra Constitución. La Carta cierra el paso a los indultos generales en el Artículo 62. Un indulto supone la condonación, total o parcial, de la pena. Un indulto general no va tan lejos de una amnistía. Pues ésta supone que las leyes por las que se fallaron las condenas son inicuas. Una amnistía es una condena del sistema legal y, por extensión, del régimen político que ampara y “produce” las leyes. Este último es el segundo motivo incontestable de que es ilegal. La Constitución no puede amparar una medida que supone su propio repudio.

La ley va a ser validada por el Tribunal Constitucional. Lo sabemos porque el presidente del TC, el papi Cándido Conde-Pumpido, es el redactor de la norma que se va a encontrar al frente del Tribunal. Conde-Pumpido es un agente político, y hará lo que le indique Pedro Sánchez.

Esto hará que la amnistía sea legal sólo desde un punto de vista formal; positivista. Pero el atentado contra la propia Constitución es de tal magnitud que no hay forma de darla por buena. Simplemente, el Tribunal Constitucional atenta contra su nombre, y se sitúa al margen de la ley.

El propio acuerdo confirma que es así. Dice el texto

Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.

Está lo suficientemente mal escrito como para que sea difícil de entender. Pero su sentido es inequívoco, en realidad. El acuerdo entiende que el proceso político que desemboca en la amnistía, y sus resultados legales, quedan al margen de la acción de la justicia. A eso se le llama “judicialización de la política”. Como si ésta estuviera anteriormente al margen de la ley y sólo el empecinamiento de unos jueces por saltarse su ámbito de actuación alcanzase a los políticos. A eso lo llama lawfare. El acuerdo, en definitiva, prevé que el Gobierno maniobrará para proteger sus decisiones políticas de la acción de la justicia.

En definitiva, estamos ante un cambio de régimen. No ha habido un proceso constituyente. No ha habido una consulta a los españoles. Simplemente, se utilizan las instituciones en contra de la ley para operar un cambio en el que los españoles no tenemos nada que decir. Pedro Sánchez ha troceado las instituciones democráticas y se las ha entregado a Junts, a cambio de unos votos que le permitirán gobernar unos meses o años más. Eso es todo.

Es una revolución, como advertí hace años. No ha seguido los cauces que yo esperaba, pero el resultado, el fin del régimen del 78, sí era previsible. Porque ese fue siempre el ánimo de los actuales enemigos de España. Revolución, y violencia. Esto es lo que nos espera.

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