Ha pasado prácticamente desapercibido, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado una rebaja de medio punto en los cinco tramos autonómicos en que la ley fiscal nos discrimina. Así, el primer tramo del Impuesto sobre la Renta, que sisa un 9 por ciento de las rentas hasta los 12.450 euros anuales, pasa a ser del 8,5 por ciento. Y el último, que se aplica a las rentas que superen los 53.407 euros, no será del 21 por ciento, sino del 20,5.
En la actualidad, Madrid tiene ya el tipo máximo conjunto más bajo de entre los máximos autonómicos, con un 43 por ciento. Cerca están Castilla y León, con un 44 por ciento, y varias comunidades con el 45 por ciento: Castilla La Mancha, Galicia, Ceuta y Melilla.
Esta decisión política y económica de la presidenta madrileña continúa una milagrosa apuesta hecha por el Partido Popular en la región, una apuesta que no ha sido del todo consistente en otras regiones gobernadas por ellos, y absolutamente inconsistente en el caso de la gestión del Gobierno nacional.
En la actualidad, todas las regiones exigen al Estado su parte, como polluelos en nido, intentando sacar la cabeza por encima de los demás, y piando tan fuerte como pueden sus agravios. Esto favorece que los presidentes autonómicos asuman un discurso colectivista y de agravios, particularista, y con desdén, cuando no algo peor, hacia el resto de España
Así, en 2005 Esperanza Aguirre realizó varias rebajas en los impuestos de Donaciones, Sucesiones y Patrimonio. En 2006 elimina Donaciones (bonificación al 99 por ciento), en 2008 Sucesiones, y en 2009 Patrimonio.
En 2010 se elimina el recargo autonómico sobre el Impuesto de Actividades Económicas y se introduce una compensación autonómica sobre el Impuesto de Matriculación. Cuatro años más tarde, el gobierno de la región rebaja un punto el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales hasta el 6 por ciento, y el tipo general de AJD se rebaja del 1 por ciento, al 0,75 por ciento.
En 2007, la región aprueba una rebaja de cuatro décimas en el primer tramo del IRPF, y 3, 2 y 1 décimas en los siguientes. En 2014, la Comunidad de Madrid, ya con Ignacio González en la Puerta del Sol, aprueba una rebaja de cuatro décimas en cada uno de los cuatro tramos del impuesto, la mayor rebaja en el impuesto directo sobre los trabajadores de las realizadas hasta entonces. Al año siguiente, la Comunidad de Madrid rebajó de nuevo el tramo más bajo en 1,7 puntos hasta el 9,5 por ciento, y en 2018 otro medio punto hasta el 9,0 por ciento. Este año, como digo, la presidenta madrileña ha anunciado una rebaja de medio punto en todos los tramos.
Antes de considerar si esa rebaja de impuestos ha sido un éxito o no, lo principal es que le ha ahorrado a los madrileños una buena cantidad de dinero año a año. Idealista ha hecho el cálculo de cuánto se ahorra un trabajador que genere un salario de 30.000 euros anuales. En Comparación con Madrid, en comparación con Cataluña, donde esa renta exige el pago de 5.100 euros anuales en impuestos, en Madrid el cálculo arroja 4.645, 455 euros menos al año. El ahorro fiscal para una renta de 110.000 euros ronda los 3.000 euros.
La eliminación del impuesto sobre sucesiones, para un patrimonio de 800.000 euros, puede resultar en un ahorro de más de 50.000, 60.000 u 80.000 euros, en comparación con Aragón, Comunidad Valenciana o Castilla y León. Y más de 100.000 euros, en el caso de Asturias. Para una base imponible de 150.000 euros, un madrileño tendría que pagar 9.000 euros, cuando en otras comunidades el coste fiscal sería de 15.000.
¿Qué efectos tiene en la recaudación? Por lo que se refiere a Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, la situación es muy distinta: la práctica eliminación del impuesto en la comunidad presidida por Díaz Ayuso arroja unos ingresos muy bajos, como cabe esperar, y que están muy lejos de lo recaudado, por ejemplo, en Cataluña: Casi mil millones en esos tres impuestos por 3’3 millones recaudados en Madrid. En estos impuestos, como en ITP y AJD, la región en torno a la capital hace una genuina renuncia a la recaudación, en favor de la mayor actividad económica.
Pero, ¿se da esa mayor actividad económica? Madrid, que tiene un PIB cercano en tamaño al de Cataluña, aunque ligeramente superior, recauda también un poco más que aquélla región por IRPF, y no mucho menos, como cabría esperar comparando las tablas de tipos impositivos. Las rebajas en el IRPF de los últimos años suponen para un madrileño medio unos mil euros menos de impuestos al año, según los cálculos de José María Rotellar. Esto sugiere que los menores impuestos se compensan con una mayor actividad económica; en definitiva, con mayor riqueza y, a largo plazo, mayores salarios.
El ejemplo de la Comunidad de Madrid es más claro que otros, porque su política ha sido consistente y mantenida en el tiempo. Según el Índice de Competitividad Fiscal, elaborado por la Tax Foundation junto con la Fundación para el Avance de la Libertad, Vizcaya es la provincia fiscalmente más competitiva, lo cual es lógico teniendo en cuenta que el País Vasco, como Navarra, tiene cedida la gestión de ciertos impuestos. Lo extraordinario es que Madrid se coloque en segunda posición, por delante de Álava y Guipúzcoa.
En conjunto, se puede decir que Madrid aprovecha parcialmente, aunque de modo consistente y parece que suficiente, las escasas posibilidades que ofrece el sistema fiscal español para competir con otras comunidades autónomas. Lo que hay que hacer es profundizar en este modelo, y llegar a que las regiones se sostengan en gran parte por la gestión de sus propios impuestos. No podemos llegar a un ciento por ciento, porque el principio de la solidaridad inter territorial conmina a que unas regiones hagan aportaciones a un fondo común, mientras que otras detraigan de él una cantidad que compense parcialmente su situación. Este principio ya se aplica y, por cierto, sólo la Comunidad de Madrid aporta el 68 por ciento del fondo.
La aplicación del federalismo fiscal llevaría a que las comunidades autónomas ajustasen los impuestos para no destruir riqueza, o que se desvíe a otras regiones, o incluso para favorecer la creación de empresas y atraer capital y empleo.
Además, un sistema como este tendría efectos políticos beneficiosos a largo plazo. En la actualidad, todas las regiones exigen al Estado su parte, como polluelos en nido, intentando sacar la cabeza por encima de los demás, y piando tan fuerte como pueden sus agravios. Esto favorece que los presidentes autonómicos asuman un discurso colectivista y de agravios, particularista, y con desdén, cuando no algo peor, hacia el resto de España. Si los gobiernos autonómicos donde tienen que mirar es a sus propios ciudadanos para extraerles su renta y su riqueza, entonces la cosa cambia.
Por último, el nacionalismo, como demuestra el caso de Cataluña, puede llegar a ser muy caro. Los medios de comunicación, las embajadas, las asociaciones culturales y todo tipo de organismos dedicados a fomentar el nacionalismo son una pesada carga en el presupuesto regional. Cataluña, que en eso tendría que mirar el ejemplo del País Vasco, se ve obligada a rebajar el gasto en políticas sociales y económicas, o pedirles a los ciudadanos una mayor contribución para poder manipular eficazmente sus conciencias.
Foto: Annie Spratt
